La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) detectó afectaciones en 331.901 hectáreas de vegetación forestal en Quintana Roo por actividades de desmonte, apertura de caminos y obras sin autorizaciones ambientales, tras visitas de inspección realizadas del 20 al 29 de octubre. Como resultado, impuso 25 clausuras temporales totales en 25 polígonos del ejido San Isidro Poniente, en el municipio de José María Morelos, además de una clausura en un predio de Cancún y otra en un proyecto colindante con la Laguna de Bacalar.
En el ejido San Isidro Poniente, la remoción de vegetación forestal suma 25 predios con una superficie afectada de 331.901 hectáreas de selva baja subperennifolia y selva mediana subperennifolia: 304.863 hectáreas corresponden a 22 polígonos inspeccionados el 21 de octubre, y 24.94 hectáreas a otros tres terrenos inspeccionados el 29 de octubre. Otras 2.098 hectáreas corresponden a un predio en Cancún, donde el 23 de octubre se detectó la remoción total de vegetación secundaria de selva mediana subperennifolia en el Polígono Sur, municipio de Benito Juárez. En ninguno de estos sitios se acreditó contar con la autorización de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para el cambio de uso de suelo en terrenos forestales, conforme al artículo 93 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. De acuerdo con lo manifestado por el Comisariado Ejidal de San Isidro Poniente, las actividades de remoción de vegetación habrían sido realizadas por integrantes de un grupo menonita de la región; esta información, así como la situación de los derechos ejidales y de usufructo, será revisada durante el procedimiento administrativo.
En Bacalar, la clausura se derivó del seguimiento a un procedimiento administrativo en materia de impacto ambiental relacionado con el proyecto Restaurante Los Rápidos, en el municipio de Othón P. Blanco, donde se impuso la clausura de las obras y actividades y se colocaron los sellos oficiales correspondientes. La Profepa levantó las actas para documentar las condiciones de los sitios y continuará con la integración de los procedimientos administrativos para determinar las responsabilidades, sanciones y medidas correctivas o de restauración procedentes. Las clausuras son medidas de seguridad para evitar la continuidad de las afectaciones y no constituyen una resolución definitiva sobre las responsabilidades administrativas.
En corto: La Profepa impuso 25 clausuras temporales totales en el ejido San Isidro Poniente, una en Cancún y otra en un proyecto colindante con la Laguna de Bacalar por el desmonte ilegal de 331.901 hectáreas de vegetación forestal sin autorización de la Semarnat; los procedimientos administrativos siguen en integración para determinar responsabilidades y sanciones.