La remoción de vegetación nativa de selva baja caducifolia y los movimientos de tierra para abrir vialidades con fines de lotificación en un predio cercano a Playa Mimosa, en Acapulco de Juárez, Guerrero, derivaron en la clausura temporal total de las obras por parte de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa). La inspección, realizada el 30 de octubre, documentó que las actividades afectaron aproximadamente 1.3222 hectáreas de terreno forestal y provocaron erosión del suelo y arrastre de sedimentos hacia la Zona Federal Marítimo Terrestre y el Océano Pacífico.
Durante la diligencia, el personal de la Profepa constató que las obras y el desmonte se ejecutaban sin acreditar la autorización de cambio de uso de suelo en terrenos forestales expedida por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). También se detectó la presencia de ejemplares de ron-ron o gateado (Astronium graveolens), especie incluida en la NOM-059-SEMARNAT-2010 en la categoría de amenazada. La medida se ejecutó con la colocación de dos sellos de clausura en el acceso al predio, y se documentó la falta de barreras de contención para evitar el arrastre de sedimentos hacia la zona costera, lo que podría afectar áreas de anidación de tortugas marinas y organismos marinos como los bivalvos. El operativo contó con la participación de 29 elementos de la Profepa, la Guardia Nacional, la Policía Ecológica Estatal y la Policía Ambiental Municipal.
La persona que atendió la diligencia presentó un resolutivo de la Dirección General de Zona Federal Marítimo Terrestre y Ambientes Costeros que autoriza obras e instalaciones dentro de una superficie concesionada; sin embargo, dicho documento no sustituye las autorizaciones en materia de impacto ambiental ni de cambio de uso de suelo en terrenos forestales requeridas para las actividades inspeccionadas.
En corto: La Profepa mantiene la clausura temporal total de las obras en Playa Mimosa y continuará con el procedimiento administrativo, mediante recorridos de verificación para constatar el cumplimiento de la medida y la determinación de las medidas correctivas y de restauración ambiental que correspondan conforme a la legislación aplicable.