La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó este jueves los hallazgos de una investigación de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno que rastreó el origen y la operación del grupo empresarial de los hermanos Hernández Casillas, señalado como parte de una red de colusión en compras electorales que se remonta a 1989 y que, según la funcionaria, se consolidó durante la presidencia de Lorenzo Córdova en el Instituto Nacional Electoral (INE). De acuerdo con la secretaria Raquel Buenrostro Sánchez, entre 2015 y 2023, 23 de los 32 Organismos Públicos Locales Electorales (OPLEs) asignaron contratos por 2 mil 94 millones de pesos a empresas vinculadas a los hermanos, mientras que entre 2024 y 2025 la misma red obtuvo contratos por 646.3 millones de pesos con 15 de los 32 OPLEs.
La investigación, elaborada con fuentes abiertas, detalla que los hermanos Hernández Casillas trabajaron en el Registro Nacional de Población e Identificación Personal (RENAPO) entre 1983 y 1988, y que posteriormente se incorporaron al CISEN en 1989. La empresa Cartonera Plástica, vinculada a José Alfredo Hernández Casillas, participó como proveedor electoral en el Estado de México desde 1999 y en 2005 obtuvo un contrato de 63.7 millones de pesos del Instituto Electoral del Estado de México, año en que se registraron denuncias por irregularidades y presuntos sobornos que derivaron en la renuncia de siete consejeros electorales. La secretaria Buenrostro subrayó que el INE es un órgano autónomo que depende de su contralor interno y del Congreso, por lo que corresponde a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) identificar irregularidades y proceder a las sanciones administrativas, así como denunciarlas ante la Fiscalía General de la República (FGR) o la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
En tanto, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno estudia mecanismos para prevenir que estos esquemas se repitan en la Administración Pública Federal. La presidenta Sheinbaum anunció que la próxima semana se presentará un decreto para fortalecer a Talleres Gráficos con la participación de más secretarías, instituciones académicas y la ASF como observadora, con el fin de que el material electoral se fabrique en esta empresa del Estado y otros insumos se adquieran con empresas mexicanas.
En corto: La investigación de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno documenta que los hermanos Hernández Casillas han estado vinculados a contrataciones electorales desde hace 27 años, con un monto acumulado de 2 mil 94 millones de pesos asignados por 23 OPLEs entre 2015 y 2023. La ASF y la FGR son las instancias competentes para determinar irregularidades y sanciones, mientras el Ejecutivo prepara un decreto para reforzar la producción estatal de material electoral.