Cinco integrantes de una red que se hizo pasar por ministros de la Suprema Corte, gobernadores, presidentes municipales y servidores públicos de la Presidencia de la República para extorsionar a políticos y empresarios fueron detenidos en Metepec, Estado de México. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el grupo operaba desde al menos 2021 y tenía su centro de operación en una residencia del fraccionamiento La Providencia.
Los actos de investigación de la Fiscalía del Estado de México establecieron que los imputados obtenían los datos de contacto de sus víctimas y generaban confianza haciéndose pasar por secretarios particulares que pedían números telefónicos "para que mi jefe le llamara en unos minutos". En un segundo contacto, el supuesto funcionario solicitaba apoyo económico, la incorporación laboral de una persona o la contratación de algún servicio. Para robustecer el engaño usaban inteligencia artificial con la que imitaban voces y armaban conversaciones ficticias entre supuestos funcionarios; el cateo permitió asegurar 19 dispositivos móviles tipo iPhone, Samsung Galaxy y Motorola, además de tarjetas SIM de distintas compañías y vehículos de alta gama.
El detenido identificado como Luis "N" fue tesorero general y secretario de Administración y Finanzas del Gobierno de Michoacán entre 2012 y 2013 y cuenta con antecedentes penales por peculado. Boletineado en el sistema bancario mexicano, exigía los pagos en efectivo y, cuando buscaba bancarizarlos, recurría a una empresa de arquitectura y construcción propiedad de su hija Aimee "N". Junto con su esposa Liliana "N", su hijo Luis Samuel "N" y su escolta Agustín Arturo "N", fue ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Almoloya; el 6 de octubre la autoridad judicial los vinculó a proceso con prisión preventiva justificada por el delito de extorsión.
En corto: La Fiscalía del Estado de México mantiene abierta la investigación por extorsión y suplantación de identidad contra los cinco detenidos, vinculados a proceso el 6 de octubre con prisión preventiva justificada. Conforme al principio de presunción de inocencia, se les debe considerar inocentes hasta que un juez dicte sentencia condenatoria.