Inés N, detenida el 30 de octubre en Florida por autoridades migratorias de Estados Unidos, acumula tres órdenes de aprehensión vigentes libradas por jueces federales mexicanos. Una fue solicitada por la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada por su probable participación en delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita; las otras dos, por la Fiscalía Especializada de Control Competencial, por defraudación fiscal equiparada.
De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía General de la República, Inés N habría recibido en cuentas bancarias personales recursos de procedencia ilícita obtenidos mediante un esquema de desvío y triangulación de recursos públicos del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, a través de empresas fantasma. El esquema se articuló en torno a contratos por cerca de 2 mil 450 millones de pesos destinados a la seguridad del sistema penitenciario federal. Asimismo, habría declarado ingresos menores a los realmente obtenidos en los ejercicios fiscales 2014 y 2016, con lo que habría omitido el pago de más de 13 millones de pesos en impuestos. La FGR precisó que su detención obedece por ahora a su situación migratoria, cuya resolución corresponde a las autoridades estadounidenses, y que de determinarse su deportación ejecutará de inmediato las órdenes de aprehensión a su llegada a México.
En corto: La Fiscalía General de la República, a través de su titular Ernestina Godoy Ramos, informó que Inés N goza de la presunción de inocencia y serán los tribunales mexicanos quienes determinen su responsabilidad conforme al debido proceso. La dependencia mantiene la solicitud de detención provisional con fines de extradición presentada en septiembre de 2025 ante Estados Unidos.