Un patrullaje terrestre en la zona serrana de Sinaloa, en los límites con Durango, terminó en un intercambio de disparos cuando civiles armados que se desplazaban en seis camionetas todo terreno agredieron a elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la Secretaría de Marina. Tras repeler la agresión, los agentes detuvieron a nueve personas, entre ellas un menor de edad, en un operativo que forma parte del reforzamiento de seguridad desplegado en Mazatlán para ampliar la presencia operativa en la entidad.
El aseguramiento incluyó 17 armas largas —una de ellas una ametralladora—, más de 120 cargadores, cartuchos, un lanzagranadas, 40 artefactos explosivos improvisados, equipo táctico y dosis de marihuana, según el reporte de las dependencias federales. A esa lista se suman seis camionetas, una con blindaje artesanal, lo que junto con los explosivos improvisados apunta a la capacidad de fuego y movilidad de los grupos que operan en el corredor serrano entre Sinaloa y Durango, donde los recorridos se realizan precisamente para contener ese tipo de células.
Las personas detenidas fueron informadas de sus derechos y quedaron, junto con lo asegurado, a disposición del agente del Ministerio Público, que continuará con las investigaciones y definirá su situación jurídica; en el caso del menor, se dio intervención a la autoridad competente conforme al marco legal aplicable. El despliegue en Mazatlán, reforzado en las últimas semanas, responde a la lógica de sostener la presencia operativa en una zona donde el control territorial disputa con las rutas de tránsito y las comunidades serranas.
En corto: Si un patrullaje rutinario termina con nueve detenidos, 40 artefactos explosivos fuera de circulación y seis camionetas incautadas, queda claro que la sierra entre Sinaloa y Durango sigue siendo territorio en disputa, por lo que la tranquilidad de quienes viven y transitan esa región depende de que el despliegue sea permanente y no un operativo de coyuntura.