El reanálisis de documentos y registros telefónicos reunidos a lo largo de 12 años derivó en cuatro nuevas líneas de investigación en el caso Ayotzinapa, informó la Secretaría de Gobernación (Segob). El ejercicio permitió identificar patrones no conocidos de 17 nuevos objetivos —hoy sujetos de investigación— y reconstruir vínculos entre integrantes de Guerreros Unidos, policías municipales y estatales, servidores públicos y personas relacionadas con funerarias, en la pesquisa por la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, ocurrida la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.
Entre los hallazgos, la dependencia detalló llamadas entre miembros de la organización criminal y personal de funerarias y del sector salud; una de las personas investigadas y su familia eran propietarias de funerarias concesionarias del Servicio Médico Forense (SEMEFO) de Iguala y participaban en la administración de un panteón. Tras establecerse en agosto de 2025 que el dueño de una funeraria utilizó el teléfono de un estudiante, en octubre de ese año se ejecutaron cateos que localizaron un fémur humano, un arma de fuego, documentación y un horno crematorio sin registro oficial, además de irregularidades graves en el SEMEFO local. Las búsquedas en ese servicio, de marzo a junio de 2026, recuperaron 23 indicios —cientos de fragmentos óseos, prótesis dentales, restos biológicos, cartuchos y documentos— que siguen bajo análisis pericial, con intervención del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) a petición de las madres y padres.
La línea sobre el ocultamiento de las videograbaciones de las cámaras de seguridad del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero la noche de los hechos permitió reconstruir decisiones de servidores públicos de alto nivel; derivó en la detención de la exmagistrada presidenta del Tribunal y de la exvisitadora del mismo órgano, ambas sujetas a proceso penal, y sustentó la detención del exgobernador de Guerrero el 6 de agosto de 2026 por el delito de desaparición forzada. El análisis de tres equipos telefónicos de los estudiantes, en tanto, permitió ejercer acción penal y librar el 24 de agosto de 2026 una orden de aprehensión contra un exservidor público de Iguala por delincuencia organizada y desaparición forzada. La Segob informó además una ruta de colaboración con la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que propondrá especialistas, y sostuvo que el caso no está cerrado.
En corto: La Segob reportó cuatro nuevas líneas de investigación científica en el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, con 17 nuevos objetivos bajo indagatoria, 23 indicios recuperados en el SEMEFO de Iguala en análisis pericial y detenciones recientes —entre ellas la del exgobernador de Guerrero por desaparición forzada—, dentro de una pesquisa que las autoridades sostienen abierta.