La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) encabezaron en Ures, Sonora, el arranque del Programa Integral de Remediación Ambiental en la Cuenca del Río Sonora. Este proyecto busca atender las afectaciones ambientales ocasionadas por el derrame de sustancias tóxicas de una empresa minera ocurrido hace 12 años, con el objetivo de recuperar los ecosistemas y las condiciones de vida de miles de habitantes de la región. Se estima retirar 100 mil toneladas de suelo contaminado.
Los trabajos, que iniciaron el 15 de octubre, contemplan vuelos de drones a lo largo de 288 kilómetros de la cuenca para identificar sitios y tomar 800 muestras de suelo. Estas serán analizadas por laboratorios aprobados por Profepa. Las acciones principales se estiman concluir en 87 días, mientras que las actividades de supervisión se extenderán hasta enero de 2027. Las empresas Veolia, Semsa y Taesa, contratadas para la caracterización y remediación, se comprometieron a contratar proveedores y mano de obra local, instalando tres campamentos en Aconchi, Huépac y Ures para atender cinco frentes de trabajo.
La subsecretaria de Regulación Ambiental de Semarnat, Ileana Villalobos Estrada, destacó que los trabajos se coordinan con las comunidades, cuyas opiniones serán tomadas en cuenta. La titular de Profepa, Mariana Boy Tamborrell, afirmó que estas acciones materializan acuerdos con las comunidades para atender una deuda histórica de justicia ambiental. El programa cuenta con la participación de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), instituciones del sector salud, el Gobierno de Sonora, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), la Comisión Nacional Forestal (Conafor) e IMSS-Bienestar.
En corto: Semarnat y Profepa iniciaron el Programa Integral de Remediación Ambiental en la Cuenca del Río Sonora para retirar 100 mil toneladas de suelo contaminado, con trabajos principales de 87 días y supervisión hasta enero de 2027, en coordinación con comunidades y diversas instituciones.