Tres contratistas quedaron fuera de las compras públicas federales. La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno inhabilitó a las empresas Am Cenit, S.A. de C.V. y Construcciones Zarate Prados, S.A. de C.V., así como a Ezequiel Becerril Barrera, para participar por sí o mediante intermediarios en procedimientos de contratación o celebrar contratos con la Administración Pública Federal. Las sanciones, notificadas entre septiembre y octubre de 2026 y publicadas en el Diario Oficial de la Federación, incluyen multas que en conjunto suman 2 millones 108 mil 852 pesos.
A Am Cenit se le impuso una multa de 1 millón 346 mil 268 pesos y una inhabilitación de 15 meses, luego de que en un periodo de tres años le fueron rescindidos administrativamente los contratos PRS/DGA/A/199/2023, suscrito con el entonces órgano administrativo desconcentrado Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y el PFPA-RF-LPN-DRH-023-2023, celebrado con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. La notificación se realizó el 8 de octubre y la publicación en el DOF el 16 de octubre. A Construcciones Zarate Prados se le aplicó una multa de 526 mil 101 pesos e inhabilitación por 4 meses con 6 días por omitir formalizar el contrato adjudicado por la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas del Gobierno de Tabasco, derivado de la Licitación Pública Nacional LO-86-X52-927009942-N-76-2025 para la ampliación en el edificio F del Instituto Tecnológico Superior de la Región Sierra, en Teapa. En tanto, el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Salud sancionó a Ezequiel Becerril Barrera con una multa de 236 mil 483 pesos e inhabilitación por 1 año con 4 meses y 24 días, por proporcionar información falsa al manifestar bajo protesta de decir verdad que no estaba inhabilitado cuando sí lo estaba, en la Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica IA-12-NCA-012NCA001-N-346-2025.
En corto: Los tres sancionados ya fueron inscritos en el Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados, lo que les impide participar en nuevas contrataciones con el Gobierno de México. Las resoluciones fueron emitidas conforme a la ley y los sancionados tienen derecho a impugnarlas.