La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG) generó un ahorro de 83.8 mil millones de pesos en dos años en materia de prevención, mediante mejores prácticas de compra, seguimiento a la administración de contratos, cobro de multas y sanciones y eficiencia en la organización. En la conferencia matutina desglosó que 29 mil mdp provienen de la mejora en compras por diálogo estratégico con proveedores; 42.2 mil mdp del seguimiento a contratos, con supervisión de incumplimientos y modificaciones injustificadas; 4.8 mil mdp del cobro de multas, adeudos y devolución de pagos en exceso, y 7.8 mil mdp de reestructuras administrativas.
La secretaria Raquel Buenrostro Sánchez detalló que la dependencia absorbió 80 por ciento de las funciones del INAI, ha resuelto 8 mil 222 recursos —solo 14.6 por ciento rechazados, la cifra más baja desde 2014— y colabora con el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y la Auditoría Superior de la Federación en una serie de leyes para mejorar la gestión pública. En materia de integridad suman 1.3 millones de capacitaciones en ética y 97.7 por ciento de servidores públicos presentó su declaración patrimonial en tiempo y forma, máximo histórico.
En el apartado sancionador se aplicaron 4 mil 193 sanciones a servidores públicos —3 mil 528 por faltas no graves y 665 graves, principalmente por pagos indebidos, sustracción de información, ocultamiento de bienes y hostigamiento o acoso sexual—, y mil 737 fueron remitidos al TFJA, de los cuales 87 ya fueron notificados. A particulares se ejecutaron 286 sanciones a proveedores, 222 con inhabilitación y multa, con un monto acumulado de 147.3 mdp; en materia de datos personales se sancionó a 51 particulares con multas por 118.5 mdp. La secretaría presentó 517 denuncias penales en dos años, de las cuales 53 derivaron en vinculación a proceso.
En corto: El ahorro de 83.8 mil mdp en dos años combina mejores prácticas de compra, seguimiento de contratos, cobro de multas y reestructuras organizacionales; los casos por faltas graves se canalizan al Tribunal Federal de Justicia Administrativa y, cuando constituyen delitos, a la Fiscalía General de la República.