La construcción de la Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos avanza con la sistematización de 3,287 propuestas recabadas en una consulta nacional. Este proceso, que busca transformar siglos de resistencia en derechos colectivos y autonomía, fue el eje de una conferencia magistral organizada por la Procuraduría Agraria.
La consulta abarcó 77 asambleas regionales y 19 mesas de trabajo en 29 entidades federativas, con la participación de 57,413 personas de 13,129 comunidades, lo que representa el 78.5 por ciento de las registradas en el Catálogo Nacional. Cristian Mahatma Hernández García, coordinador general de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), detalló que 23,335 autoridades y representantes comunitarios aportaron las propuestas. El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar Ortiz, subrayó la oportunidad histórica de transformar estructuras jurídicas y sociales para garantizar la autonomía de los pueblos sin desdibujar su identidad.
Víctor Suárez Carrera, procurador agrario, destacó el acompañamiento de la institución en las asambleas y refrendó la alianza con los pueblos originarios. La coordinadora general del Consejo Nacional de los Pueblos Indígenas, Janeth del Rosario Cruz Gómez, recordó que el reconocimiento constitucional de septiembre de 2024 es fruto de generaciones de lucha. La presidenta de la Comisión Bicameral de Concordia y Pacificación (COCOPA), Irma Juan Carlos, enfatizó que la reforma al artículo 2.º constitucional y su legislación reglamentaria son resultado de un trabajo colectivo que busca convertir el reconocimiento en beneficios tangibles. La siguiente etapa incluye sistematizar las aportaciones, enriquecer el proyecto legislativo y conformar una comisión de seguimiento ante el Congreso de la Unión.
En corto: La Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos se construye con base en 3,287 propuestas de una consulta nacional. El proceso avanza hacia la sistematización de aportaciones y la conformación de una comisión de seguimiento para su presentación ante el Congreso de la Unión.